Enclavado en la provincia de Tarragona, específicamente dentro del municipio de Ulldecona en Cataluña, se encuentra el Abris d'Escuarterades II. Este sitio arqueológico ha sido reconocido como un Bien de Interés Cultural (BIC) según la legislación española, específicamente bajo la categoría de Zona Arqueológica. La importancia de esta designación radica en su papel fundamental como parte del Patrimonio Cultural Español, protegido y gestionado conforme a las disposiciones legales establecidas.
El proceso de declaración de Abris d'Escuarterades II como BIC data del 20 de agosto de 1996, habiéndose formalizado esta distinción a través de una resolución específica que reconoce su valor histórico y cultural. Este reconocimiento no solo resguarda su integridad física, sino que también promueve su estudio y preservación para las generaciones futuras.
Ubicado en Ulldecona, entidad singular dentro del municipio homónimo, Abris d'Escuarterades II constituye un testimonio tangible del pasado arqueológico de la región. Su inclusión en la categoría de Bienes de Interés Cultural subraya su relevancia como parte integral del entorno histórico y cultural de Cataluña. Este tipo de designación no solo implica protección legal, sino también la promoción de actividades de investigación y divulgación que enriquecen el conocimiento sobre la historia y las civilizaciones que habitaron la zona en tiempos remotos.
El estatus de Zona Arqueológica asignado a Abris d'Escuarterades II indica su valor como sitio de interés científico y educativo, fomentando la colaboración entre instituciones académicas y autoridades locales para su adecuada conservación y gestión. Además, esta designación destaca su importancia como recurso cultural accesible al público, permitiendo que visitantes y estudiosos puedan apreciar y aprender de su legado histórico.
En resumen, Abris d'Escuarterades II representa un ejemplo significativo del compromiso de Cataluña y España con la preservación y valorización de su patrimonio cultural. Su inclusión como BIC no solo garantiza su protección legal, sino que también fortalece su papel como activo cultural invaluable, enriqueciendo el entendimiento colectivo de la historia y la arqueología regional.